La problemática situación de los jóvenes se ha agravado, muy especialmente, tras la pandemia del COVID-19 y ello es porque se ha instaurado, de facto, un precario modelo de ocupación que impide a los jóvenes alcanzar unas condiciones dignas de empleo. Aparte de las dificultades para incorporarse al mercado laboral, cabe destacar el predominio de contratos temporal, jornadas a tiempo parcial y deficientes salarios que sufre este colectivo. Esta lamentable situación repercute no sólo en sus condiciones de vida, sino también en sus expectativas de desarrollo personal y familiar. De ahí que se vean abocados a ocupar las largas listas del paro, lo que impide la necesaria renovación generacional del capital humano, al tiempo que dificulta el mantenimiento intergeneracional del actual sistema de pensiones.
Sobre este aspecto, la renovación del Pacto de Toledo de 2020 incide, de manera específica y destaca, en su Recomendación 17 bis, el tremendo perjuicio que la precariedad y el subempleo está causando en las carreras de cotización de los jóvenes. Por ello, recomienda que se mejore toda esta situación y se proyecte, a través de las actividades inspectoras, todo un programa de actuación contra los abusos en las relaciones
laborales fraudulentas. De igual modo, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo proporciona un punto de partida para la creación de un mecanismo permanente, centrado en formación y recualificación de las personas trabajadoras, tras la experiencia del uso de expedientes de
regulación temporal de empleo.
