La reforma de la Seguridad Social y del sistema de pensiones en particular ha sido una característica permanente de los modelos europeos y del propio modelo español. Ciertamente, se han realizado constantes y profundas modificaciones estructurales y de adaptación de las instituciones del Sistema de Seguridad Social, en parte como respuesta y en parte como adaptación a las transformaciones sociales, económica, demográficas y tecnológicas, que se han venido produciendo a lo largo de las últimas décadas. Se ha tratado de buscar y alcanzar un equilibrio satisfactorio entre el principio de eficiencia (en términos de sostenibilidad económico-financiera) y el principio de justicia y adecuación social (respecto a las condiciones de acceso y a la «calidad» de la pensión). Esas políticas han sido principalmente de carácter «racionalizador» y «modernizador» a través de reformas «paramétricas».
El más reciente Pacto Parlamentario de Toledo de 2020, se configura como un proceso dinámico en permanente construcción (y llegado el caso, también de reconstrucción y posible rectificación). Ha venido seguido de un Acuerdo de Concertación Social para su desarrollo y ejecución. Distinguiéndose dos grandes «fases», a saber: una Primera fase de desarrollo del Pacto de Toledo y del Acuerdo de Concertación Social: La centralidad de la Ley 21/2021; y una Segunda fase de desarrollo del Pacto de Toledo en el marco de la concertación social dinámica: El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización de los trabajadores autónomos o por cuenta propia (Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio) y otras medidas de reforma pendientes de implantación y desarrollo.
En este contexto reformista también se han fomentado selectivamente los planes de pensiones del sistema de empleo (Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo). Es importante destacar los compromisos de reforma de las pensiones contraídos en el marco del Plan de Recuperación, transformación y resilencia presentado por el Gobierno a la Unión Europa en 2021, y asumidos por ésta. Este plan recoge el llamado «Componente 30», relativo a la «Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo». En esta obra se estudia , con el máximo rigor analítico, crítico y propósito, todo este complejo proceso de reforma de las pensiones, públicas y privadas, dentro de un enfoque de «sistema global de pensiones», en el que se combina lo público (pensiones suficientes y adecuadas de la Seguridad Social) y lo privado (pensiones privadas complementarias)
