La Ley Orgánica 1/2025 introduce una reforma de gran calado en el acceso a la justicia al establecer, como requisito de procedibilidad, la necesidad de intentar previamente un mecanismo adecuado de solución de controversias (MASC). Inspirada en modelos europeos consolidados -como el italiano, el francés y el anglosajón-, esta medida busca descongestionar los tribunales, promover una justicia más participativa y fomentar la cultura del acuerdo. Lejos de imponer una solución negociada, la norma exige acreditar un intento real y serio de resolución previa, sujeto a un control formal por parte de la Administración de Justicia. En ámbitos especialmente sensibles, como el Derecho de familia, el recurso a los MASC se revela no solo como un requisito procesal, sino como una oportunidad efectiva para frenar la escalada del conflicto.
