Veinticinco años de la ley del jurado (1995-2020)
Capítulo I
El ideal de la ciencia procesal penal y el proceso penal con jurado
Capítulo II
Principios informadores del juicio con jurado
Capítulo III
Las singularidades del juicio con jurado
Capítulo IV
El inicio del juicio con jurado
Capítulo V
La prueba en el juicio con jurado
Capítulo VI
La prueba en el juicio con jurado (continúa)
Capítulo VII
La prueba en el juicio con jurado (continúa)
Capítulo VIII
La prueba en el juicio con jurado (continúa)
Capítulo IX
La prueba en el juicio con jurado (continúa)
Capítulo X
La prueba en el juicio con jurado (continúa)
Capítulo XI
Las modificaciones de las conclusiones provisionales. Las conclusiones definitivas
Capítulo XII
La disolución anticipada del jurado y su suspensión del juicio
Capítulo XIII
El veredicto del jurado
Capítulo XIV
La determinación del objeto del veredicto (continúa)
Capítulo XV
La determinación del objeto del veredicto (continúa)
Capítulo XVI
Las instrucciones del jurado
Capítulo XVII
La deliberación del jurado
Capítulo XVIII
La votación del objeto del veredicto
Capítulo XIX
La reducción por el jurado del acta de votación
Capítulo XX
La redacción por el jurado del acta de votación (continúa)
Capítulo XXI
La devolución al jurado del acta de votación y disolución del jurado
Capítulo XXII
La sentencia del magistrado que ha presidido el jurado
Capítulo XXIII
El acta del juicio
Capítulo XXIV
Control jurisdiccional de la sentencia del magistrado que ha presido el jurado mediante recurso de apelación
Capítulo XXV
Control casacional de la sentencia de apelación
Capítulo XXVI
Y conclusión
Un jurado español prototípico y singular.
Bibliografía
Índice general de bibliografía
Apéndice legislativo
Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida por la juez asociada Señora Rodríguez Rodríquez. San Juan, Puerto Rico 8 de mayo de 2020
Breve reseña académica del autor
El veintitrés de mayo de 1995 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Son ya veinticinco años los que avalan su práctica caracterizada por ser una ley por y para la participación ciudadana en la Administración de Justica (artículo 125 de la Constitución) a pesar de ser bastantes los descalificativos de que ha sido objeto y muy pocos los elogios que le han obsequiado debido muy probablemente a que en nuestro país, no se tiene un conocimiento profundo y detallado de la historia de esta figura.
