Veremos cómo la nueva ratio del contrato administrativo es la adjudicación conforme a criterios objetivos (las prerrogativas han dejado de ser la clave para discutir actualmente la figura del contrato administrativo). Esta es la idea central de las directivas comunitarias y del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre contratación pública e incluso de los nuevos sistemas de contratación pública de los países anglosajones o germánicos. Esta ratio se consigue a través de dos vías. Primero, una determinada definición del «poder adjudicador» y, segundo, unas determinadas exigencias cuando la Administración acuda a la forma de adjudicación por concurso a efectos de conseguir el funcionamiento efectivo de la regla de «vinculación a la oferta económicamente más ventajosa». En ambos temas está la clave del contrato administrativo, porque en torno a ambos se plantea el problema de que la Administración pueda eludir el sistema de garantías previsto en las directivas comunitarias, primero si pudiera determinar su ámbito de aplicación subjetiva burlando la aplicación de las directivas. Segundo, si a la postre, acudiendo al concurso, consiguiera la Administración eludir igualmente las garantías de concurrencia y vinculación a la mejor oferta, mediante una selección discrecional del contratista. Santiago González-Varas Ibáñez
