En términos de teoría política, el procedimiento administrativo surge como resultado de la insuficiencia de una simple forma de gobierno tripartita destinada a afrontar problemas modernos. Representa un esfuerzo para adaptar la técnica gubernamental, que todavía se divide en tres partes, a las necesidades modernas y, al mismo tiempo, para preservar los elementos de responsabilidad y las condiciones de equilibrio que han distinguido al gobierno angloamericano. La separación de los poderes como máxima política es antigua; pero como principio de gobierno, santificado al ser elevado al plano constitucional y adornado con frases morales pontificales, tiene un sabor típicamente estadounidense. Además, nos ha sido reservado no hacer simplemente de esta división una forma de pensar conveniente acerca del gobierno y considerar las ventajas de controlar y equilibrar un poder determinado que puede ser investido por cierto funcionario o cuerpo, sino también por introversión judicial, distinguir minuciosa y exactamente entre los poderes. Esa sutileza de lógica tajante que caracteriza a nuestros tribunales, nos permite a voluntad descubrir un poder legislativo o judicial cuando anhelamos una determinación; al mismo tiempo nos permite evitar una decisión mediante la institución de nuevas categorías de poderes cuasilegislativos y cuasi judiciales. Tal exaltación oscurece más que clarifica el pensamiento. A pesar de este coro de abuso y diatriba, el crecimiento del proceso administrativo ofrece pocos signos de paralización.
