I. Planteamiento 9
II. ¿Qué es un concurso necesario? 13
III. Legitimación para instar el concurso necesario 15
IV. El presupuesto objetivo. Hechos externos acreditativos de la insolvencia 111
V. Otro presupuesto del concurso necesario: la existencia de una pluralidad de acreedores 247
VI. Procedimiento 279
VII. Concurso de acreedores y suspensión de facultades 507
VIII. Incentivación del concurso de acreedores. Privilegio general parcial del crédito titularizado por el instante del concurso 511
IX. Calificación concursal y concurso necesario 517
X. Refinanciación, reestructuraciones y concurso de acreedores 521
XI. El concurso consecutivo. ¿Era un concurso necesario? 533
XII. Formularios 539
XIII. Bibliografía 741
Quizás el concurso necesario de acreedores, esto es, aquel declarado por el Tribunal, no a incitativa del deudor sino de alguno de sus acreedores u otro legitimado al efecto, sea una de las figuras de la insolvencia que suscita más interés y, sobre todo, temor por las consecuencias que acarrea. En especial, lo relativo a los supuestos en que cabe su solicitud, y la tramitación y sustanciación de ésta. Y las consecuencias, normalmente negativas, de tal concurso necesario.
Este libro tiene por objeto el estudio del concurso necesario, desde un punto de vista eminentemente práctico: examinar la regulación del concurso necesario a efectos de plantear los problemas, y dudas interpretativas que me surge a la vista de la misma. Y, en la medida de lo posible, facilitar respuestas a tales cuestiones. Eso sí, siempre con el necesario e imprescindible estudio de la opinión de nuestra doctrina y las resoluciones judiciales dictadas sobre la materia, y en unión a una serie de formularios relativos al concurso necesario. Y todo ello, conforme al vigente Real Decreto Legislativo, 1/2020, de 5 de mayo, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley Concursal, tras su modificación por la expresada Ley 16/2022, de 5 de septiembre, y adaptado a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y los Tribunales de Instancia.
