PRÓLOGO
CAPÍTULO 1. LA MOCIÓN DE CENSURA ILEGAL E IMPROPIA DE 31 DE MAYO YN 1 DE JUNIO DE 2018
CAPÍTULO 2. EL DECRETO-LEY
CAPÍTULO 3. LA BARBARIE JURÍDICA INICIADA: EXPOSICIÓN CLASIFICADA DE LOS 29 DECRETOS-LEYES DICTADOS POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ SOMETIDOS A SU CONVALIDACIÓN EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DURANTE LA XII LEGISLATURA
CAPÍTULO 4. LA BARBARIE JURÍDICAL CONTINUADA: : EXPOSICIÓN CLASIFICADA DE LOS 6 DECRETOS-LEYES DICTADOS POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ EN FUNCIONES Y SOMETIDOS A SU CONVALIDACIÓN EN LLA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DURANTELA XII LEGISLATURA
CAPÍTULO 5. LA BARBARIE JURÍDICA CONSUMADA: LA ESTÉRIL XIII LEGISLATURA: PARTIDOS POLÍTICOS ENFRENTADDOS E INCAPACES DE FORMR UN GOBIERNO DE COALICIÓN. LOS 8 DECRETOS-LEYES DEL GOBIERNO EN FUNCIONES DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ CONVALIDADOS SIETE DE ELLOS POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y EL OCTAVO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA XIV LEGISLATURA
CAPÍTULO VI. BALANCE LEGIOSLATIVO DEL GOBIERNO LA BARBARIE DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ. CRITERIO DE VALORACIÓN ADOPTADO: PROYECTO DE LEY PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y APROBADOS COMO LEYES
EPÍLOGO
Este libro estudia el primer Gobierno del presidente Sánchez. Da cuenta de la anómala moción de censura y de la causa jurisprudencial detonante de su acceso al poder ejecutivo. Analiza cada uno de los cuarenta y tres Decretos-leyes convalidados por el Congreso de los Diputados y por la Diputación Permanente de este. Expone y contrasta los parámetros establecidos en el artículo 86 de la Constitución con cada una de estas Disposiciones legislativas provisionales. El resultado de estas transgresiones constitucionales es la banalización de la Carta Magna y la consiguiente barbarie jurídica institucionalizada por la mayoría de fuerzas parlamentaria contrarias a ella.
El diagnóstico patológico de este estudio jurídico-político examina cada uno de los tres sujetos principales de esta perversión constitucional: un Gobierno que con 84 Diputados carece de la mayoría legislativa suficiente para programar siquiera una acción gubernamental mínima. Una mayoría parlamentaria enfrentada a la Constitución de 1978 que se afana en su continua erosión y desprestigio. Y un Tribunal Constitucional carente de toda doctrina jurisprudencial sobre la práctica del decreto-ley, causada por su partidismo político cómplice con el partido político que ha catapultado a sus magistrados al más elevado cargo judicial del tercer poder del Estado de Derecho...
