Si en el contexto del desordenado proceso de globalización actual, el Estado integrado en la Unión Europea se enfrenta a relevantes retos constitucionales derivados de la necesidad de compatibilizar las exigencias de competitividad económica y sostenibilidad presupuestaria con los contenidos del Estado social y de Derecho, en el particular ámbito de la frontera exterior europea, estos retos están comprometiendo y transformando categorías clásicas como la soberanía, la garantía de los derechos y el servicio público. Los cambios son tan profundos y afectan con tanta intensidad a las democracias europeas que, más de un siglo después de la publicación de la obra de Duguit Las transformaciones del Derecho Público y Privado, el concepto de servicio público y su adopción por la Unión Europea como servicio de interés general (SIG) exigen un análisis de su aplicación en España y, sobre todo, una revisión de sus relaciones con la soberanía como categoría legitimadora del poder originario. Frente al histórico desplazamiento de la soberanía por el servicio público como concepto fundamental de la actividad estatal, ambas categorías han quedado esencialmente vinculadas para hacer posible el cumplimiento de las funciones de la Constitución: protección de los derechos, limitación del poder, integración de personas y territorios, estabilidad gubernamental, preservación de la cultura constitucional de la sociedad abierta.
En esta tarea de revisión conceptual, la soberanía popular (categoría subjetiva de legitimación) ya no se legitima por sí misma como dogma asumido constitucionalmente sino también por el respeto a una serie de contenidos de la «soberanía del Derecho» (categoría objetiva de legitimación) y por el cumplimiento de las citadas funciones constitucionales (categoría finalística de legitimación), para lo cual resulta decisivo el concepto de servicio público, concebido como servicio de interés general (SIG) y como una de las principales técnicas previstas por el ordenamiento jurídico para que el Estado y la Unión Europea sean competitivos y, a la vez, cumplan con su configuración como Estado social y como Estado de Derecho.
