La presente obra ofrece al lector un tratamiento teórico general de la denominada regla de exclusión de prueba ilícita (entendiendo por tal aquella obtenida con inobservancia de derechos y/o garantías fundamentales). Para estos efectos, se trabaja en un fundamento especial y particular sobre la necesidad de contar con una regla de este tenor en los actuales ordenamientos jurídicos como exigencia del propio Estado Democrático de Derecho, a la luz de la legitimidad de las decisiones judiciales. A continuación, propone una adecuada determinación acerca de la naturaleza jurídica de esta regla, que desde sus distintas aristas (como regla de mandato dirigida al juez, como carga procesal de quien pretenda valerse de un elemento probatorio así obtenido, como garantía procesal del imputado), permita que el instituto genere un adecuado rendimiento práctico, fiel a su función primigenia que no es otra que la tutela de los derechos fundamentales. Así, a partir de la tradición jurídica continental compartida por los sistemas italiano y español, la autora genera un diálogo que va desentrañando las debilidades en la aplicación de la regla en estos ordenamientos, todo como consecuencia de una pérdida del norte sobre su verdadero fundamento y coherente naturaleza jurídica, consideración que impediría importar soluciones instrumentales, basadas en la visión norteamericana que tanta influencia ha tenido en nuestra jurisprudencia nacional.
