La actividad administrativa de regulación de los mercados tiene un protagonismo creciente. La experiencia en la regulación de los mercados de telecomunicaciones, energía, transporte y audiovisual, permite ya identificar los rasgos propios de la regulación, el régimen jurídico que le es propio y también las derivas patológicas que deben ser atajadas. La regulación económica puede definirse, desde una perspectiva técnico-jurídica, como la actividad de la Administración consistente en el control continuo de un mercado mediante la imposición a sus operadores de obligaciones jurídicas proporcionales a misiones de interés general objetivamente determinadas, según la valoración que en un ámbito de extraordinaria discrecionalidad realiza la Administración. La extraordinaria discrecionalidad que caracteriza la regulación recomienda extremar los tradicionales controles y garantías. Destaca en primer lugar la relevancia de la garantía institucional, en forma de regulador independiente, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la cabeza. Igualmente relevante es el reforzamiento del control jurisdiccional mediante un control más riguroso de la proporcionalidad de la actividad de regulación. Finalmente, parece razonable incrementar las garantías procedimentales, a partir de la experiencia norteamericana. La actividad de regulación puede extenderse ahora a las plataformas digitales en mercados multilaterales (Google, Amazon, Facebook, Uber, etc), las nuevas industrias en red, para atajar fallos de mercado derivados de los efectos de red, de forma similar a como se viene haciendo en las industrias en red tradicionales.
