Sin energía eléctrica la vida, tal y como es concebida en la actualidad, no sería posible. Por esta razón, su suministro se considera esencial y queda sujeto a una intervención particularmente intensa por parte de la Administración Pública, constituyendo así uno de los conocidos como sectores regulados. Una realidad que conforma un sistema eléctrico vertebrado por un conjunto de elementos tecnológicos, jurídicos, económicos y políticos, entre otros, que se encuentran en permanente interacción. Por ello se emplea en este ámbito el término regulación, no sólo como ordenación jurídica de una determinada actividad, sino como conjunto de técnicas al servicio de una misma finalidad.
Una vez sentado lo anterior, debe advertirse que el sector energético ha sido considerado tradicionalmente como uno de los sectores regulados más complejos, puesto que ha presentado desde sus orígenes una serie de singulares características técnicas que han dificultado especialmente la elaboración de regímenes jurídicos y económicos capaces de lograr el deseado equilibrio de intereses. Una complejidad que, en la actualidad, aumenta exponencialmente por razón de la transición energética hacia la descarbonización de la actividad económica en la que nos hallamos inmersos. Se trata de un proceso, movilizado por las exigencias climáticas y facilitado por la revolución tecnológica, que está introduciendo en el sector energético innovaciones absolutamente disruptivas. Entre todas, destaca el autoconsumo de energía eléctrica con fuentes renovables, núcleo esencial de las novedosas comunidades energéticas y, en términos más amplios, del modelo de generación distribuida.
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