La obra ofrece un estudio detallado y crítico de la protección de los denunciantes, partiendo del contexto internacional y europeo y analizando asimetrías y contradicciones en la transposición de la normativa española. Examina con profundidad quiénes pueden considerarse informantes y en qué contextos se garantiza su protección, incluyendo relaciones laborales, vínculos indirectos y extemporáneos, así como las exclusiones y limitaciones materiales de la ley. También analiza el ámbito objetivo de aplicación, que evidencia una fragmentación entre el modelo europeo y el nacional y la existencia práctica de umbrales diferenciados.
Se estudia asimismo la Autoridad Independiente de Protección del Informante, su independencia orgánica, funcional y económica, y sus funciones, con atención al procedimiento de recepción, tramitación de denuncias y protección frente a represalias. Se examinan también las técnicas legales y organizativas adoptadas por las autoridades autonómicas, cuyo panorama heterogéneo pone de relieve la necesidad de coordinación con la autoridad estatal.
