PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA
CAPÍTULO II. EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE INAPLICACIÓN
CAPÍTULO III. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE INAPLICACIÓN
CAPÍTULO IV. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. PRIMER SUPUESTO: LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE INAPLICACIÓN CUANDO EXISTE UNA PREVIA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE CONSTATA LA CONTRADICCIÓN ENTRE NORMA INTERNA Y NORMA EUROPEA
CAPÍTULO V. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. SEGUNDO SUPUESTO: LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE INAPLICACIÓN SIN PREVIA CONSTATACIÓN JUDICIAL DE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMA INTERNA Y NORMA EUROPEA
CAPÍTULO VI. RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL
CAPÍTULO VII. VALORACIÓN SOBRE EL ACIERTO DE LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE INAPLICACIÓN
CAPÍTULO VIII. PRESENTE Y FUTURO DE LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE INAPLICACIÓN
CAPÍTULO IX. BIBLIOGRAFÍA CITADA
CAPÍTULO X. JURISPRUDENCIA CITADA
La incidencia del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho Administrativo de los estados miembros es una realidad incuestionable. No obstante, a pesar de su importancia, se ha prestado poca atención al impacto que sobre las administraciones públicas nacionales tienen los principios rectores del ordenamiento europeo y, en concreto, el principio de primacía. La principal y más llamativa manifestación de este impacto es la imposición a todas las administraciones de la obligación de inaplicar cualquier norma interna que sea contraria al ordenamiento de la Unión.
El objeto de este libro es el examen detallado de esa obligación administrativa de inaplicación. El lector encontrará un estudio completo de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que tienen su origen, así como de su recepción en el ordenamiento español, en concreto, su acogida por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. El manejo de esta doctrina jurisprudencial, poco conocida por las administraciones públicas y por el resto de operadores jurídicos, es de gran valor, puesto que su contravención supone la vulneración del principio de primacía y, por tanto, del Derecho de la Unión....
