En la Primera Parte de la obra se aborda el objeto de ambas normas, así como su ámbito de aplicación material que son los tratamientos de datos personales policiales, de instrucción y enjuiciamiento penal y de ejecución de sentencias penales. También se estudian las autoridades públicas que tienen la competencia encomendada legalmente para los fines establecidos en esta normativa, lo que incluye al Ministerio Fiscal. En la Segunda Parte se dedica a los principios relativos al tratamiento de datos personales, abordando la distinción entre categorías de interesados para determinar quién es quién entre los afectados por el tratamiento de datos con fines penales, analizando la verificación de la calidad de los datos personales en su aplicación al ámbito policial y judicial. La Tercera Parte de la obra está centrada en los derechos de las personas en las investigaciones y procesos penales y las posibles responsabilidades por la difusión de datos sensibles contenidos en un proceso penal. En la Cuarta Parte se estudia el responsable y el encargado del tratamiento y sus obligaciones, como la evaluación de impacto, prestando atención a la ciberseguridad. En la Quinta Parte se estudian las transferencias de datos personales, abordando la cooperación internacional en el ámbito Europol, Interpol, Eurojust y el CEPD. La Sexta Parte está dedicada a las autoridades de control independientes y a las novedades en el modelo institucional, estudiando la forma y requisitos de nombramiento. Igualmente se abordan las funciones y los poderes, en especial los de investigación, correctivos y sancionadores, diferenciándolos en el ámbito de aplicación del RGPD y de la LOPDP. La Séptima Parte está dedicada a los recursos, responsabilidad y sanciones, donde se analiza el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de los interesados a ser indemnizados, estudiando el régimen de infracciones y sanciones. En la Octava Parte y Novena Parte se estudian las modificaciones de la Ley General Penitenciaria, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Esta obra estudia la Directiva 2016/680 y la Ley Orgánica 7/2021 que tienen por objeto la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades judiciales penales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.
Cuenta con 113 contribuciones realizadas por 75 autores que abordan el estudio de ambas normas desde distintas perspectivas profesionales y académicas. Así, participan funcionarios del Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los Delegados de Protección de Datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil, de Instituciones Penitenciarias, del CGPJ y del Ministerio Fiscal, así como el Director de Supervisión del CGPJ. También intervienen miembros de la Comisión Europea y de las autoridades de protección de datos, abogados, magistrados y un conjunto amplio de profesores y profesoras de Derecho Procesal, Penal, Constitucional, Administrativo, Financiero, Civil, Filosofía e Internacional.
Antonio Troncoso Reigada (Director) es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz y Vocal de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía. Coordinadora: Laura Villalba Cano. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz
