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Las políticas públicas de la criminalidad, estructuradas para la prevención, reacción y control del delito, difícilmente cumplen con sus expectativas; paliar la situación suele ser, en el mejor de los casos, el resultado alcanzado. La falta de un diagnóstico preciso, la carencia de integralidad, debida coordinación y articulación, así como la falta de metas claras de corto mediano, pero, sobre todo, largo aliento, suelen ser las principales razones de su falta de eficacia. La magnitud del problema del delito y la falta de infraestructura para su mejor control motivan un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de las personas involucradas frente al Sistema Penal. Analizar y reflexionar la problemática bajo estas consideraciones, podrá dar luz en la búsqueda de alternativas viables para un despliegue punitivo respetuoso de los derechos humanos.
