En un escenario global donde las corporaciones transnacionales operan a menudo por encima de las soberanías nacionales, la sostenibilidad ha dejado de ser un ideal ético para configurarse como un imperativo jurídico. Esta obra analiza críticamente el cambio de paradigma de la Directiva (UE) 2024/1760, que transita de la autorregulación voluntaria a un modelo de diligencia debida obligatoria. Sin embargo, el estudio denuncia una omisión clamorosa: la ausencia de una dimensión penal explícita en el marco europeo. Este vacío normativo, sumado a los riesgos de desregulación técnica, amenaza con convertir la protección de los derechos humanos y medio ambiente en un mero ritualismo burocrático carente de capacidad disuasoria real.
