Esta obra complementa los anteriores títulos del autor de esta colección argentina, examen y contraexamen de testigos.
Una vez más, trae la conjunción de claridad, practicidad e importancia que caracterizaban a esas obras, esta vez aplicada a la planificación de un caso penal, como tarea esencial para la profesionalización del litigio que se necesita con urgencia.
Planificar el caso implica hacerlo desde un horizonte político criminal para los acusadores. La construcción de ese horizonte es crucial para la correcta organización del caso y, si bien en los últimos años se ha avanzado en dotar a los ministerios públicos de herramientas para hacerlo, en particular los centros de análisis criminal, todavía se deja que sean razones de coyuntura o el impacto social promocionado por los medios de comunicación lo que marque el sentido político criminal del caso.
Es claro que todos los elementos de lo que se llama teoría del caso no solo sirven para los acusadores, sino que son la base del litigio de todas las partes y también son esenciales para una defensa penal efectiva. Pero los acusadores deben organizar su caso, es decir, la delimitación de los hechos penalmente relevantes, el análisis preciso de su subsunción y la organización de la información que utilizarán para probar esos hechos, desde la mirada político criminal que se reclama. Esa perspectiva no es otra que la de la eficaz tutela de los intereses victimizados.
Como nos enseña esta obra, estas tres dimensiones no se concretan solo en una narración coherente, sino en una estrategia de persuasión que le permite al juez tomar decisiones en base a información precisa y ajustada a su propio proceso de decisión.
En tanto los acusadores organicen correctamente su caso, la defensa podrá volver más rigurosa su actividad y apuntar a los núcleos centrales que constituyen la carga de esos acusadores. Nada afecta más a la correcta defensa que ese litigar sobre vaguedades y nebulosas que tanto desespera a los defensores.
