La ordenación del espacio marítimo ha constituido una aspiración en el seno de la Unión Europea que se concretó en la Directiva 2014/89/Unión Europea, cuya transposición en España tuvo lugar mediante el Real Decreto 363/2017, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Los planes para las cinco demarcaciones marinas españolas han sido aprobados mediante el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, que realmente contiene un solo plan, común para todas ellas. Se observan en el sistema dos carencias de relieve: las disposiciones del plan no son de carácter vinculante y no se ha previsto un instrumento específico para el control preventivo de su observancia. En una primera parte del trabajo se exponen los motivos que explican estas carencias, que traen causa en la insuficiencia de rango del Real Decreto de transposición. En la segunda parte se analiza pormenorizadamente la ordenación que contiene el plan. Es este examen exhaustivo el que permite llegar a la conclusión de que sería necesaria una ley para que, mediante la debida articulación de las competencias e intereses en juego, se establecieran criterios vinculantes de preferencia entre usos y actividades y un informe del órgano competente en materia de ordenación del espacio marítimo que garantice la compatibilidad del uso o actividad en cuestión con el plan.
