Históricamente, las leyes urbanísticas españolas solían tacharse de "leyes de ensanche" al destinar la mayor parte de su técnicas jurídico-urbanísticas al desarrollo de los suelos urbanizables, mientras que la gestión en el suelo urbano se mostraba muy precaria, basándose, fundamentalmente, en la iniciativa municipal directa a través de la formulación de los tradicionales planes especiales de reforma interior y apoyándose en la disposición casi exclusiva de recursos públicos aplicados a la expropiación de los suelos dotacionales que la regeneración urbana requería.
Afortunadamente, por fin, la vigente legislación estatal a partir de la Ley de Suelo del 2007, así como las legislaciones autonómicas que la desarrollan, ofrecen una innovadora "caja de herramientas" jurídico-urbanísticas como son las memorias de viabilidad económica, las actuaciones de dotación, los complejos inmobiliarios y la ejecución sustitutoria-concertada, instrumentos que facilitan una intervención eficaz, equilibrada y sostenible en la ciudad consolidada, actividad socioeconómica tan necesaria en esta etapa de salida de la crisis inmobiliaria.
