Los estudios contenidos en la presente monografía abordan desde una perspectiva interdisciplinar y comparada el impacto que está teniendo el terrorismo en los Estados democráticos, haciendo especial hincapié en las dificultades que se observan para lograr el necesario equilibrio entre dos categorías que se contraponen: libertad y seguridad. Algunas de las cuestiones que esta pugna recurrente suscita son: el carácter prevalente que se otorga a la seguridad como elemento para limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, y justificar la adopción de una determinada política legislativa por los Estados; la evolución que han experimentado las medidas adoptadas por las instituciones de la UE ante una amenaza terrorista cambiante; la situación que presentan los menores extranjeros en los Estados de la UE, y su difícil encaje entre las políticas de contención de la inmigración irregular y las políticas de protección a la infancia extranjera; la eventual suspensión del CEDH en España como consecuencia de un ataque terrorista; la adopción de una política legislativa en nombre de la seguridad, que persigue realmente la restricción de la libertad religiosa en Rusia; la simbiosis que se ha consolidado entre el terrorismo y los medios de comunicación, y su papel en la construcción de una imagen estereotipada del Islam; y la relación que se observa entre el origen del terrorismo yihadista, los episodios de odio religioso, la discriminación por motivos religiosos, y el tipo de protección que los ordenamientos occidentales actuales otorgan a la conciencia. El tema desarrollado reviste especial interés porque la transformación que ha experimentado el terrorismo, de amenaza local a fenómeno global, constituye el principal problema de seguridad que comparten en la actualidad todos los gobiernos occidentales. Y para afrontarlo, la política legislativa de los Estados tiende a implantar mecanismos limitativos de los derechos de sus ciudadanos con un doble objetivo: preservar la seguridad, y atender la creciente demanda social que exige una mayor capacidad preventiva a los poderes públicos. No se discute que la adopción de estas medidas preventivas o represivas sea necesaria en una sociedad democrática, pero si se recuerda que su encaje debe producirse, siempre, desde el respeto a los derechos fundamentales.
