La creciente complejidad y extensión del ordenamiento jurídico fuerza los ciudadanos a tener que acercarse cada vez más a la Administración para que les aclare el sentido de las normas o cómo y dónde se encuentra regulada determinada materia. La respuesta que aporta la autoridad pública plantea una larga serie de problemas jurídicos. Esa respuesta ¿es una disposición, un acto o una mera opinión?, ¿cuál es el fundamento sobre el que se basa?, ¿qué relación tiene con el precedente administrativo, la doctrina de los actos propios o el principio de confianza legítima?, ¿debería ser susceptible de recurso judicial o de revisión de oficio?, ¿en qué casos surge el derecho a indemnización?, y, finalmente, ¿la regulación actual de la cuestión es adecuada o sería necesario la intervención del legislador en este terreno? La presente obra trata de responder a estas cuestiones con apoyo en la doctrina y jurisprudencia existentes.
