Con ciertos temas da la impresión de que, una vez superada la amnesia imperante durante años, no sólo son capaces de mantener una perenne actualidad, sino de alcanzar un protagonismo tal que su popularidad mediática puede acarrear el peligro de ocultar la necesidad de un riguroso planteamiento de fondo, dotado de mayores argumentos que el fácil recuso a la tópica o el sencillo manejo de preclaras estadísticas. Tal es lo que sucede con la delgada y vulnerable línea de la salud mental, tan abatida con motivo de la pandemia y tan amenazada en el actual contexto productivo. Cuando en los últimos años se habla de enfermedades laborales emergentes, resulta obligada la mención de los riesgos psicosociales, que ciertamente siempre han existido, pero que se han visto sometidos a un agravamiento en su incidencia y magnitud, encontrando manifestaciones variadas con trastornos diversos que afectan a uno de cada tres trabajadores. Tal preocupante realidad obliga a diseñar respuestas jurídicas adecuadas, que no pueden limitarse a proporcionar una mera tutela reparadora, sino que deviene necesario apostar por una política preventiva eficaz en los centros de trabajo.
