La trata de personas constituye una de las más graves problemáticas globales del siglo XXI, atentando directamente la integridad y la dignidad de sus víctimas. En respuesta a esta realidad, las Naciones Unidas fueron la primera organización internacional en impulsar la lucha contra el fenómeno, sentando las bases para que otras organizaciones de ámbito regional, como la Unión Europea, establecieran un marco normativo dirigido a su erradicación. En este contexto, cobra especial relevancia la adopción de la Directiva (UE) 2024/1712, por la que se ha modificado la Directiva 2011/36/UE, instrumento que ha regido los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la trata por más de una década. Esta última marcó un hito al introducir por primera vez un enfoque basado en los derechos humanos en la lucha contra la trata dentro de la Unión Europea. Sin embargo, ha demostrado ser un instrumento con importantes deficiencias, proporcionando una protección insuficiente para las víctimas en toda la Unión Europea.
