En esta obra se realiza un estudio técnico jurídico de las migraciones internacionales que se producen ad extra de otros países a nuestras Comunidades Autónomas. Paralelamente se analiza la evolución de los flujos migratorios en España, tanto de salida como de llegada, mostrando la dimensión y composición de los mismos y sobre todo, la dicotomía que reflejan el tratamiento jurídico-normativo diferenciado que realizan tanto las políticas públicas multinivel en relación a la inmigración y su tratamiento desigual y más reducido con respecto a la emigración, así como su reflejo transversal en las políticas públicas autonómicas cuyos modelos de intervención, planificación y gestión heterogéneos son diferentes, lo que genera desigualdades regionales que son en todo caso discriminatorias, tanto para los que quieren regresar al territorio del que se vieron obligados a salir, como para los que quieren asentarse en las Comunidades Autónomas y no son vecinos ni tampoco aún ciudadanos españoles.
Esta manifestación de la realidad social en nuestro país, es analizado abordando las diferentes reformas legislativas operadas en la materia, así como el alcance que de lege ferenda se espera conseguir de forma cortoplacista y evitar el efecto indeseado de que inmigración-emigración, dejen de ser un oxímoron como hasta ahora y que se mejore la tutela jurídico-social que se presta a los sujetos protagonistas de esta movilidad que, en la mayoría de las ocasiones es involuntaria pero que en todo caso, se debe a una combinación de decisiones y limitaciones que en un momento coyuntural, cualquier persona puede verse forzado.
Además de forma paralela y necesaria, se examinaran las rentas mínimas autonómicas al quedar encuadradas como pertenecientes al ámbito de la «asistencia social» y los servicios sociales, competencia constitucionalmente reservada a las CCAA, que en lugar de continuar expandiendo derechos y prestaciones dentro del ámbito de la Seguridad Social, que venía a cubrir las lagunas y carencias del sistema de protección social y de las pensiones no contributivas, y cuyo ámbito subjetivo limitado, dejaba fuera de cobertura a diferentes colectivos vulnerables que se encuentran en situación de necesidad, o si bien, se los protegía pero esta cobertura resultaba a todas luces insuficientes y baja intensidad protectora por la inopia de las cuantías de pensiones y subsidios por desempleo.
