Los tiempos han cambiado y, afortunadamente, algunas Constituciones no han sido ajenas a ello, adaptándose a los nuevos requerimientos políticos y sociales. Su consideración como pacto esencial o fundacional que ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico es especialmente relevante porque tales previsiones mandatan de forma inequívoca a los poderes públicos, enviando un claro mensaje de las formas de relación admitidas o rechazadas en una comunidad. No en vano, los preceptos constitucionales avalan o proscriben determinadas prácticas o conductas y tienen una innegable capacidad propedéutica o socializadora que determina, no sólo la legalidad, sino la legitimidad de los actos y el marco ético o los valores compartidos por una comunidad. Qué derechos se elevan a rango constitucional y cuales no, no es un asunto baladí porque da cuenta, de forma inequívoca, de la importancia y trascendencia que se otorga a unos y a otros en el marco de un pacto constituyente de convivencia.
La presente monografía examina desde una perspectiva comparada la integración de las disposiciones en materia de igualdad de mujeres y hombres en veinte textos constitucionales en el heterogéneo ámbito regional de América Latina. Un análisis que permite, no sólo explorar las diferentes fórmulas adoptadas de cara a replicarlas o interpelarlas, sino el diferente tratamiento y consideración que la igualdad entre mujeres y hombres tiene en cada modelo constitucional.
Con tal finalidad, el texto incorpora el tratamiento específico de algunos indicadores como el lenguaje inclusivo, la constitucionalización de la igualdad formal, la prohibición de discriminación, la igualdad de oportunidades o incluso de la igualdad de resultados, así como la presencia de algunas de las reivindicaciones de la agenda política feminista. Entre otras, las políticas públicas en materia de igualdad, el paradigma de las políticas familiares o del cuidado familiares, la conciliación vida personal, laboral y familiar o la defensa de una vida libre de violencia contra las mujeres, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad en empleo y/o salarial y la paridad o las cuotas de representación política.
