En la lucha contra las conductas que incidían en los recursos propios de las Comunidades Europeas, y que se extendió con posterioridad a la protección de los intereses financieros de la Unión, la realidad puso de manifiesto que la actuación individual de los Estados, legitimados para aplicar dentro de sus fronteras el Derecho nacional frente a la infracción de las normas comunitarias, no alcanzabael éxito esperado dada la escasa homogeneidad de ordenamientos, tampoco la vía administrativa demostró ser, por sí misma, suficientemente disuasoria. Tales circunstancias explicaban una temprana inclinación de la Comisión Europea por la armonización penal y por la instauración de un sistema penal común cuyo epicentro fuera un Fiscal europeo.
