Comprar ropa en una tienda online, pagar con tarjeta o, simplemente, controlar dónde para el autobús son actividades cotidianas que para las que no solemos tener dificultad. Sin embargo, para las personas con discapacidad pueden convertirse en una odisea: una web inaccesible dificulta la compra online, un terminal de pago sin lector de pantalla complica el pago con tarjeta o la falta de anuncios verbales de las paradas pueden entorpecer el uso del transporte público. Aunque ya se dispone de la tecnología y conocimientos para eliminar estas barreras, la mayoría de dispositivos son inaccesibles. La accesibilidad universal es un principio transversal de todas las políticas públicas, pues beneficia no solo a las personas con discapacidad, sino también a otras que, por determinadas circunstancias (vejez, idioma, caída, etc.) pueden necesitar un entorno digital adaptado.
Este es el ámbito del que se ocupa la Directiva 2019/882, que regula por primera vez los requisitos de accesibilidad de ciertos bienes y servicios en el seno de la Unión Europea, y que se ha incorporado al ordenamiento español con la Ley 11/2023. Junto a una visión panorámica de ambas normas, a la que se añade un breve apunte del Real Decreto 193/2023, esta monografía analiza cuestiones importantes como las polémicas excepciones a la accesibilidad, el benévolo tratamiento de las microempresas o la accesibilidad de las comunicaciones electrónicas al 112 europeo.
