Desde 2015, con la llegada del partido ultraconservador PiS al gobierno de Polonia, comenzó una etapa de crisis del Estado de Derecho y de regresión de los derechos para la ciudadanía en aquel país. A través de una estrategia política (y jurídica), el PiS fue implementando reformas sustanciales en su estructura institucional, principalmente, en su Administración de Justicia, su Tribunal Constitucional y su Tribunal Supremo, que dieron lugar a una deficiencia sistémica del Estado de Derecho en aquel Estado miembro; hecho que despertó la atención de las instituciones de la UE. A partir de este momento, se abrió un periodo de examen de la UE a Polonia sobre la base del respeto y garantía del principio de Estado de Derecho en el espacio comunitario, del cual no solo se derivaron implicaciones para el Estado polaco, sino también para el conjunto del proyecto de integración europea. La UE trató de hacer frente a tales vulneraciones desde etapas tempranas, activando todos los mecanismos de protección de que disponía, e incluso creando mecanismos ad hoc en ese intento por salvaguardar el Estado de Derecho en Polonia. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes, en buena medida por las deficiencias originarias del derecho comunitario en la regulación y defensa de este principio tan esencial, pero, al tiempo, tan defectuosamente protegido por esta entidad supranacional. Este hito y la confrontación de ambas realidades, la de Polonia y su modelo político constitucional, y la de la UE y su modelo jurídico institucional, nos demuestran la necesidad de reabrir debates jurídicos en la órbita de nuestros Estados y nos impulsan a repensar críticamente la Europa que queremos, y que necesitamos.
