IGLESIAS MACHADO / ARNALDO ALCUBILLA (COORD.)
La jurisprudencia constitucional en Canarias tiene una historia de más de 40 años, desde que se estableció el Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982. Desde entonces, el Tribunal Constitucional ha sido llamado a resolver una gran cantidad de casos relacionados con la interpretación y aplicación de la Constitución Española en el ámbito canario.
En algunos casos, el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir para resolver conflictos entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Gobierno Central, como en el caso de la financiación autonómica. En otros casos, se ha abordado la cuestión de las competencias autonómicas en materias como la sanidad, la educación o el transporte, así como la relación entre las instituciones canarias y los ayuntamientos de las islas.
La jurisprudencia constitucional canaria ha sido fundamental para el desarrollo del sistema autonómico en España y para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos de las Islas Canarias.
Este libro recopila, perfectamente ordenada y sistematizada por materias, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias. Nuestro Estado autonómico, en buena medida, ha sido construido por la jurisprudencia del supremo intérprete de la Constitución. Dado el esquema abierto por la Norma Suprema para la distribución de competencias y su distinto grado de concreción, el Tribunal Constitucional cumple con la misión de definir no solo los contornos sino también los centímetros del grado de asunción de la competencia -por la Comunidad Autónoma o por el Estado- en cada una de las materias.
Por todo ello, la obra se estructura a partir de las diversas materias que han protagonizado los pronunciamientos -en forma de sentencias y autos- del Alto Tribunal sobre la Comunidad Autónoma de Canarias: función pública, medio ambiente, ordenación del litoral, turismo, aguas, energía, urbanismo, vivienda, radio y televisión, calidad agroalimentaria, leyes de medidas de acompañamiento, policía local, actividades clasificadas y espectáculos, universidades, régimen local, patrimonio cultural, entidades de crédito, amparos parlamentarios, economía y hacienda.
Los autores del libro, coordinados por Enrique Arnaldo Alcubilla y Salvador Iglesias Machado y que también intervienen en la redacción de alguno de los capítulos, son todos ellos reconocidos juristas con un profundo dominio de la jurisprudencia constitucional. Dos de ellos, Pedro Ibáñez Buil y Juan Ignacio Moreno Fernández son Letrados del Tribunal Constitucional. Los otros, Marta Cabrera Arrate, María Cristina Duce Pérez-Blasco, Francisco Javier López Hernández, Jorge Luis Méndez Lima y José Ignacio Navarro Méndez, son Letrados del Parlamento de Canarias.
