Es imposible ignorar el papel desempeñado por la colaboración de las infraestructuras viarias de nuestro país. Esa iniciativa privada contribuyó de manera decisiva a la ejecución de los planes, estatales y autonómicos, de modernización de nuestras infraestructuras viarias, contribuyó de forma decisiva a mantener el objetivo de nuestro país de convergencia económica según los compromisos asumidos entonces en el marco europeo y le situaron a la cabeza en el desarrollo de unas infraestructuras viarias que, aún hoy y pese al déficit de mantenimiento y conservación, se sitúan entre las mejores de la Unión Europea.
El diseño ideal trazado sobre la base de las concesiones de obra supuso, no obstante, uno de los más sonados fracasos en la gestión y explotación de la red viaria de pago. Las insolvencias empresariales de los concesionarios y, los concursos de acreedores que provocaron, liquidaron los contratos que dieron cobertura a esa colaboración público-privada y arrastraron al Estado a un escenario de responsabilidad patrimonial cuya onerosidad motivó reformas legales que han pretendido amortiguar, cambiando reglas de juego en pleno partido, las gravosas consecuencias derivadas del proceso descrito.
Por otra parte, la necesidad de garantizar derechos constitucionales se convirtió en el fundamento de una novedosa y sólida jurisprudencia que, también, motivó cambios legales de envergadura en el régimen de la potestad expropiatoria y, en particular, en el de los sujetos que en ella intervienen.
La apuesta por la recuperación económica y las muchas medidas para promoverla, incluida la inevitable imposición del pago por el uso de la red viaria y la organización que habrá de desplegarse para su gestión, pueden propiciar en el futuro (in) mediato un nuevo escenario adecuado y atractivo para revitalizar esa colaboración público-privada, en ese caso los poderes públicos deberán tomar buena nota del fracaso previo y atender a la lección aprendida. Esperamos que, después de «la de arena», venga «la de cal».
