En demasiadas ocasiones en la historia de España el ejercicio de la libertad de expresión y opinión ha sufrido injerencias del poder político. Bien a través de una vía expedita, drástica como la prohibición expresa de tratar informativamente determinados asuntos, la práctica cotidiana de la censura o, de forma más sencilla, la intervención directa para impedir la publicación de un medio de comunicación adverso, o bien mediante fórmulas indirectas como la inserción de comunicados o notas oficiales, la deslegitimación del contrario o la persecución fiscal los gobiernos han amordazado voces críticas u opiniones discrepantes del punto de vista defendido por el poder. Menos conocidas por su mayor versatilidad, las fuerzas económicas tampoco han sido en muchos momentos las mejores compañeras de viaje de la libre manifestación de pareceres.
