La gestión pública del siglo xxi debe estar orientada al buen gobierno y la buena administración, como estándar para el impulso de las diferentes políticas públicas. La contratación pública, como principal herramienta para desarrollar una efectiva estrategia en los diferentes ámbitos (infraestructuras, tecnología, servicios a las personas, innovación, etc.), no puede ser ajena a una nueva cultura que descansa no en la forma sino en el resultado y que debe poner el acento en la mejor calidad de la prestación a través del contrato público. Esta nueva cultura aconseja un cambio de su regulación y también, principalmente, de la interpretación en lo relativo a su aplicación que supere las inercias a hacer lo mismo y a desarrollar una burocracia defensiva.
La correcta utilización del contrato público, como palanca de cambio, ha de servir para dar cumplimiento al mandato constitucional de transformación que deben liderar los poderes públicos en tanto se trata de conseguir optimizar la inversión pública que supone todo contrato público. La estrella polar de la contratación pública, entre otros principios que «brillan con fuerza», como la transparencia, la rendición de cuentas o la integridad, debe ser la calidad y el valor del resultado de la prestación. Y para ello no basta la Ley, sino que el efectivo rol de salvaguarda de los derechos de la ciudanía debe articularse a través de una moderna e inteligente arquitectura de la contratación pública, tal y como se sugiere por las instituciones europeas. Hoy, una administración moderna y proactiva debe saber utilizar de forma correcta el contrato público.
Este trabajo presenta una nueva visión de la contratación pública, aparentemente disruptiva, alejada de interpretaciones formales y excesivamente economicistas para justificar una redimensión de la misma desde la lógica del derecho al buen gobierno y la buena administración (y no desde la óptica de ahorro presupuestario), que son las señas de identidad de una Administración pública democrática al servicio de la ciudadanía (tal y como se infiere del art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Una contratación pública que debe ser, para ello, responsable, abierta, transparente, innovadora, cooperativa, profesionalizada, tecnológica y transformadora.
