La puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, dotado con 750 000 millones de euros, ha supuesto un reparto de estos fondos entre los Estados miembros de la Unión Europea, correspondiendo a España un total de 140 000 millones de euros que deberá gestionar a lo largo de los próximos años.
La necesidad de hacer llegar estos fondos al tejido productivo a través de la actuación administrativa constituye un importantísimo reto, que ha llevado al Gobierno a aprobar el Real Decreto-ley 36/2020, recientemente convalidado por el Congreso de los Diputados, para simplificar y agilizar los procedimientos a seguir para la adjudicación de estas partidas.
Son numerosas e importantes las modificaciones que introduce dicho Real Decreto-ley en normas fundamentales de Derecho Administrativo, alterando el procedimiento habitual que deben seguir los gestores públicos. Adaptar el funcionamiento habitual de los órganos administrativos a las nuevas exigencias de una situación tan excepcional como la generada por la Covid-19, no será una tarea sencilla y requerirá de instrumentos que faciliten esta fugaz transición.
En este contexto, un grupo de especialistas en las distintas materias a las que afecta esta nueva norma tratan de aportar un estudio completo y detallado, que sirva de guía a los empleados públicos encargados de gestionar estas importantes partidas presupuestarias. Asimismo, puede despertar un amplio interés doctrinal y académico por la novedad de la obra, cubriendo un espacio necesario en un panorama como el actual, ya que además de indicar las principales modificaciones del Real Decreto-ley también realiza aportaciones sobre las posibilidades de mejora de los sistemas de gestión y control recogidos en dicha norma.
