Esta es una monografía sobre la punibilidad y es, a la vez, un estudio sobre el delito de cohecho. Propiamente comenzó siendo una investigación sobre la denuncia que lleva a cabo el particular que ha sucumbido ante la petición corrupta
del funcionario. El Código penal español prevé, desde 1995, la posibilidad de quedar exento de pena para el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario
público, denunciare el hecho antes de dos meses y de la apertura del procedimiento, (art. 426 del Código penal español). Con otras palabras: el particular que ha aceptado pagar la dádiva solicitada por el funcionario es también corrupto.
Pero como interesa, a su vez, detectar estos casos, el legislador arbitra un mecanismo de exención de pena a cambio de denuncia. Realizada a tiempo y siempre que se trate de algo ocasional.
Quien ha sufrido la solicitud de dádiva por parte del funcionario se halla en un indeseable dilema: si no hace entrega de lo solicitado, muy probablemente se ve privado de algo a lo que tiene derecho; y si efectúa la entrega, lo consigue pero
se convierte en delincuente. Y se da otro dilema, a su vez, para el legislador: si quiere perseguir la corrupción, necesita desvelar casos ocultos como estos, en los que el funcionario y el particular guardan silencio para no incriminarse, por
lo que se cierra el paso a una fuente de información y prueba que pueden ser determinantes. Como muestra Nougués Cossio, hay un dilema para el particular al que se le solicita pagar y que sucumbe a la petición, como también para el
legislador que desea hacer frente a la corrupción.
