Las entidades privadas colaboradoras de la administración son un fenómeno de éxito creciente. Su importancia se manifiesta en el progresivo incremento de su ámbito de actuación. A los originarios campos del medio ambiente y de la seguridad industrial se han ido sumando otros muchos sectores, algunos de ellos insospechados hasta hace poco tiempo; además, no limitan ya su objeto a la realización de actividades materiales o técnicas, de apoyo a la administración correspondiente, sino que, dando un notable salto cualitativo en sus tareas, asumen ahora el ejercicio de verdaderas funciones públicas, principalmente de certificación, verificación, inspección y control; se constata, en fin, la generalización de su colaboración con todas las administraciones, con el impulso de la Unión Europea. En este contexto, la presente obra aborda el estudio de una selección de los principales problemas jurídicos que plantea la colaboración privada en el ejercicio de funciones públicas: el mecanismo jurídico empleado para el traslado del ejercicio de la función; las garantías de los ciudadanos y, en concreto, la responsabilidad patrimonial que puede originarse como consecuencia de la actuación de estas entidades privadas, así como de las reclamaciones y recursos que pueden presentarse ante sus decisiones; y las retribuciones que perciben. Se completa el análisis, desde una óptica más transversal y comparada, con el examen de la situación existente en Andalucía y, cruzando el océano, del modelo de ejercicio de funciones públicas por privados en Colombia.
