Tras los recientes pronunciamientos del TJUE sobre la idoneidad de la figura del indefinido no fijo, como sanción frente al abuso de la temporalidad en el empleo público y de la necesaria búsqueda de soluciones para lograr su estabilidad, se promulga la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, la norma no parece haber dado los resultados esperados tras un año de vigencia. Las Administraciones Públicas siguen teniendo muchas dudas sobre la puesta en marcha de los planes de estabilización del personal temporal, funcionario y laboral. Uno de los colectivos más afectados lo constituyen los denominados indefinidos no fijos, cuyo régimen jurídico no está recogido en la norma.
Los recientes pronunciamientos de nuestros tribunales parecen haber iniciado un camino hacia el reconocimiento de derechos más consolidados, e incluso de una fijeza con limitaciones; pero, sobre todo, la actuación del legislador parece haber abierto nuevas vías de estabilización que pueden cambiar la situación actual. Al análisis del actual régimen jurídico de estos trabajadores indefinidos no fijos en las administraciones y otras entidades públicas se dedica este estudio, con el objetivo de abrir nuevas vías de reflexión para lograr la estabilidad de los trabajadores del sector público.
