Esta obra nace de la observación de una de las paradojas más llamativas de nuestra praxis jurídico-administrativa, el incuestionable desfase que existe entre el empeño del legislador en proclamar de manera, en ocasiones contundente, el derecho que asiste a los interesados a no aportar al procedimiento documentación innecesaria o que ya obre de alguna forma en poder de las Administraciones públicas y la escasa aplicación práctica que este derecho ha alcanzado en la experiencia administrativa cotidiana.
Se trata de una anomalía que impone a los particulares una carga penosa y con frecuencia evitable que entorpece el funcionamiento armónico de la relación jurídico-administrativa. El enfoque adoptado se centra en los problemas que plantea en la práctica la reducción de la carga documental que soportan los administrados, en la consideración de esta cuestión desde la perspectiva de la Administración electrónica, así como en el estudio de las consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho a la no aportación documental y de los mecanismos de defensa con los que cuenta el ciudadano para responder a eventuales infracciones de este derecho.
Al margen de la evidente relación del derecho a la no aportación de información con la simplificación administrativa en general y con la reducción de cargas en particular, bajo este asunto subyace una cuestión aún más sugerente para el jurista. En el fondo de este asunto nos encontramos con un problema de carga de la prueba, dado que del derecho a no facilitar documentación a la Administración debe derivarse, al menos en teoría, el de no tener que acreditar ni su existencia ni su contenido ante el órgano tramitador.
