Es innegable que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han cambiado la forma de vida de las personas. Estas tecnologías se han perfeccionado con el paso del tiempo gracias a los datos que obtienen a través de las mismas, de forma que, buena parte de su desarrollo y mejora radica en diversos tipos de datos, tanto personales como no personales.
Las Administraciones públicas no son ajenas a esta realidad, ya que desde hace más de una década han implementado de forma progresiva herramientas tecnológicas, tanto ad intra como ad extra. Lo cual, se traduce en una actuación más eficaz y eficiente. Sin embargo, este entorno digital presenta innumerables riesgos para los derechos de los ciudadanos. Las Administraciones públicas tienen una extensa e intensa cantidad de datos personales derivados de sus relaciones con los ciudadanos. Así pues, la Administración pública se configura como responsable del tratamiento de datos personales que identifican o hacen identificables a las personas. Las Administraciones públicas están sometidas a la ley y al Derecho por mandato constitucional y cuentan con una serie de prerrogativas que imposibilitan un plano de igualdad entre estas y los ciudadanos, pues su fin último es cumplir los intereses generales. Por estas razones, se han elegido los tratamientos de datos personales realizados por las Administraciones públicas como objeto de este estudio. Los objetivos de este trabajo son, indagar y conocer en mayor profundidad el calado que tiene el derecho a la protección de datos personales en la actuación de las Administraciones públicas, centrando el análisis en sus principales obligaciones. Por otro lado, también se pretende conocer, sistematizar y comprender las funciones y poderes atribuidos a las autoridades de control en la materia para entender su papel de garante de este derecho fundamental.
Este trabajo está integrado por cuatro capítulos. El capítulo I está dedicado al estudio de la incidencia de la dignidad de la persona, como valor jurídico supremo y uno de los mayores axiomas en los que se sustentan los derechos fundamentales junto con los derechos a la personalidad, es decir, el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar, contenidos en el apartado primero del art. 18 de la CE, y los derechos a la libertad de expresión e información incluidos en los incisos a) y d) del art. 20.1 de la CE. El capítulo II está dedicado al análisis del derecho a la protección de datos personales a partir de su evolución normativa, seguidamente de un examen doctrinal y jurisprudencial; dedicando un epígrafe al denominado «derecho al olvido». En el capítulo III se entra de lleno al análisis del papel que desempeñan las Administraciones públicas como responsables del tratamiento de datos personales y sus principales obligaciones. Finalmente, el capítulo IV está dedicado al análisis y funciones de las autoridades garantes de la materia, esto es, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades autonómicas de control.
