La ejecución de los contratos y, eventualmente, la modificación de los mismos es una de las prerrogativas públicas más conocidas de la contratación administrativa. Las reformas sucesivas de la normativa de contratos y la propia perspectiva comunitaria se han centrado en la esencia de estos trámites que revelan la posición preeminente de la Administración en la ordenación de la ejecución del contrato y que conforman un elemento central en los conflictos que surgen en la ejecución de los contratos. La perspectiva y la naturaleza jurídica de dichas modificaciones han variado notablemente desde la configuración inicial como una prerrogativa del príncipe en la ordenación general del contrato a una determinación fruto de la necesidad de adaptar la citada ejecución a los términos más evidentes de la realidad. El transito no ha dejado de ser controvertido y representa una esencia de la patología central que trata de analizarse en la presente Obra.
