El desarrollo tecnológico implica que el Derecho contemple nuevas soluciones que orienten la convivencia al bien común y estas deben estar en armonía con los enfoques contemporáneos. Por ello, se necesita no solo un tratamiento jurídico o técnico, sino también juristas con un nuevo pensamiento capaces de manejar los retos de un nuevo Derecho.
Ya se decía que la inteligencia artificial (IA) impulsaría la Cuarta Revolución Industrial y una transformación digital sin precedentes que, por supuesto, afectaría al mundo jurídico y judicial. Pues bien, la IA está transformando profundamente las relaciones jurídicas a nivel global. Su interacción con los humanos ofrece múltiples beneficios, como una mayor eficiencia, flexibilidad y productividad. Sin embargo, esta transformación también plantea importantes desafíos y trae consigo peligros que amenazan los derechos fundamentales de las personas y pueden vulnerar otros derechos protegidos legalmente. Uno de estos desafíos radica en la habitual desincronización entre el desarrollo tecnológico y el ritmo en que se establecen las normativas que lo regulan.