CERMI (COMITE ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
2021 será recordado como el año en el cual el movimiento social organizado de la discapacidad española, articulado en torno al CERMI, logró finalmente dejar atrás la muerte civil de muchas personas con discapacidad con la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica. Con la aprobación de la Ley 8/2021, del 2 de junio, el Derecho nacional ha mejorado notablemente, acercándose a los mandatos del artículo 12 del Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ensanchando la esfera de los derechos humanos.
Sin embargo, junto con los progresos, hay que señalar también todo aquello que resulta necesario reparar o corregir para que la Convención y sus obligaciones sean una realidad en la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Tras dos años de declararse la pandemia de la COVID-19, no se pueden olvidar los efectos particularmente dañinos que la emergencia sanitaria tuvo con los grupos en situación de mayor fragilidad como el de las personas con discapacidad y el de las personas mayores. Los efectos alargados de la pandemia continuaron generando mayor exclusión y desigualdad social. Particularmente grave es la situación en la que se encuentran muchas mujeres con discapacidad en nuestro país, víctimas de la violencia machista o en serio riesgo de sufrirla.
La accesibilidad sigue sin asumirse como un pilar fundamental en el disfrute de todos los derechos humanos. En este Informe se evidencia que las carencias de accesibilidad convierten al artículo 9 en el más vulnerado de la Convención. También se identifican como esferas críticas para los derechos de las personas con discapacidad, las repetidas vulneraciones al artículo 5 de igualdad y no discriminación y al artículo 24 que consagra la educación inclusiva.
El Informe España 2021 pone, a su vez, el foco en dos asignaturas pendientes: que los derechos humanos sean la piedra angular de la salud mental y que se garantice el derecho al bienestar de las personas con discapacidad.
