REBOLLO PUIG, M. / VERA JURADO, D. / LÓPEZ BENÍTEZ, M. / IZQUIERDO CARRASCO, M. / BUENO ARMIJO, A. / CUESTA REVILLA, J.
ABREVIATURAS.
LECCIÓN 1. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN.
LECCIÓN 2. LOS MEDIOS JURÍDICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN.
LECCIÓN 3. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO.
LECCIÓN 4. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIO PÚBLICO: CONCEPTO Y CARACTERES GENERALES.
LECCIÓN 5. FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL.
LECCIÓN 6. EL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
LOS BIENES PATRIMONIALES.
LECCIÓN 7. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
LECCIÓN 8. LA EXPROPIACIÓN: CONCEPTO, ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTO.
LECCIÓN 9. LAS GARANTÍAS DEL EXPROPIADO Y LAS EXPROPIACIONES
ESPECIALES.
En esta nueva edición se analizan, en primer lugar, las distintas maneras en que la Administración Pública afecta a los derechos de los particulares, aumentándolos o restringiéndolos. Fiel a la metodología seguida por este manual, se desgranan los principales caracteres y el régimen jurídico de la actividad de limitación, tanto en sí misma considerada como en su diferenciación con la clásica actividad de policía -a la que comprende-; se adentra en la complejidad que en nuestros días presenta la llamada actividad prestacional, delimitando especialmente cuáles son los rasgos comunes y las diferencias existentes entre los servicios públicos en sentido estricto y los servicios de interés general. Y finalmente, la exposición de los modos de actuación de la Administración se completa con el análisis de la actividad administrativa de fomento para cuya configuración se realiza un pormenorizado estudio del Derecho de la Unión. La completa satisfacción de esas actividades principales requiere de la existencia de unos medios instrumentales que permitan a la Administración realizarlas y le den soporte. Desde este punto de vista, completan los contenidos de este Tomo III: el estudio de la expropiación forzosa, como forma coactiva de ablación de bienes y derechos de los particulares para ponerlos al servicio de una utilidad pública o de un interés social; y la atención a la teoría de los patrimonios públicos, en su distinta gradación de bienes demaniales y patrimoniales, como bienes de titularidad pública que la Administración emplea para el logro de los intereses generales que, constitucionalmente, tiene atribuidos.
