La actividad principal del Sistema Financiero, llevada desde argumentos legales correctos no debería conllevar crítica alguna, pues representa un instrumento que impulsa nuestra capacidad de desarrollo y ello ocurriría más intensamente si la confianza en el mismo fuera elevada. A pesar de ello la crítica es amplia, y creo que merece ser puntualizada. Pero en España, nuestro pasado generó costumbres o protocolos de actuación en el funcionamiento del sistema financiero algo confusas o dudosas, donde la ley parecía respaldar sin más la obligatoriedad de los usuarios bancarios a sus compromisos con la banca. Ello venía respaldado por el desconocimiento amplio sobre el significado del dinero y su funcionamiento y utilidad en la mayor parte de la población. La modernidad nos está enseñando que no todo vale, y que esta regla es para todos. Que las leyes están para cumplirlas y para cambiarlas, y lo primero afecta a todas las personas, físicas y jurídicas. Pertenecer a un ente como la Unión Europea nos ha ayudado a no aceptar ciertos protocolos, como las referencias hipotecarias del IRPH, las cláusulas abusivas, los cobros indebidos, los intereses de usura o en el caso que nos ocupa: los desahucios en casos de préstamos titulizados de forma incorrecta. Nuestro lector agradecerá el análisis realizado de algo tan importante en derecho como es la "especificidad de la demanda".
