Esta obra hace un análisis, desde la teoría general del derecho administrativo, del papel que debe desempeñar el poder ejecutivo para reforzar el estado de derecho. La definición doctrinal de acto administrativo se conecta con la teoría del cumplimiento de la ejecución y aplicación de las normas. Se analiza el mandato constitucional al poder ejecutivo como garante del estado prestacional, el estado de derecho y democrático, con el fin de conseguir la aquiescencia ciudadana con la elaboración y aplicación de las normas.
Partiendo de esta base conceptual se identifican técnicas de cumplimiento existentes desde hace años y a las que se añaden una nueva terminología y herramientas jurídicas vinculadas con el derecho administrativo que se desarrolla a escala global. El compliance en la Administración o las técnicas nudge son ejemplos de instrumentos regulatorios innovadores y que pueden ser utilizadas por la Administración y el poder ejecutivo para fomentar en los ciudadanos y operadores económicos el cumplimiento de las normas.
Por último, se hace una reflexión sobre lo que se identifica como un indicador de fracaso en las técnicas de cumplimiento: la potestad sancionadora. Si las medidas que favorecen el cumplimiento fracasan, se aplica la potestad sancionadora como garantía o instrumento para conseguir la buena convivencia y no solo como mecanismo de punición. Se destaca el carácter impropio de la atribución de esta competencia al poder ejecutivo, y su eficacia para alentar el cumplimiento y sancionar la inobservancia de las normas administrativas.
También se repasa la evolución de la regulación de la potestad sancionadora, las críticas que en España surgieron tras la aprobación fragmentada en dos textos del régimen jurídico (los principios) y procedimiento administrativo sancionador. Se incorpora un análisis de la interpretación de los principios generales que se aplican en esta materia, las garantías del procedimiento sancionador y la influencia de la jurisprudencia en la evolución de esta potestad de la Administración, analizando un modelo de buena práctica regulatoria en el derecho comparado y el aporte jurisprudencial contencioso administrativo y del máximo intérprete constitucional.
