La gestión de los objetivos de la Unión Europea está encomendada a una sofisticada maquinaria integrada por las Administraciones de los Estados miembros y la de la propia Unión. Cuando todas ellas actúan como una sola deben cooperar empleando una variedad de fórmulas, incluida también la participación conjunta de varias en un solo procedimiento administrativo. Este tipo de cooperación no ha hecho más que crecer. A pesar de sus ventajas, sin embargo, este modo de cooperación no acaba de encajar bien con el cauce a través del cual se dispensa la correspondiente protección jurídica a los ciudadanos involucrados: hoy, en un sistema que se asemeja a un archipiélago en el que cada una de sus islas está expuesta al riesgo de ejercer su jurisdicción centrándose exclusivamente en sí misma. Consecuencia de este desajuste es la inseguridad que padece el interesado que requiere protección. Este estudio arroja nueva luz sobre esta problemática. Explora una solución poco tratada todavía que en última instancia implica plantear los límites de las distintas jurisdicciones europeas. El objetivo es abrirlas y ponerlas a cooperar en beneficio del ciudadano. Con este objetivo se presenta una propuesta que parte de un elaborado análisis conceptual sirviéndose de una muestra de procedimientos aduaneros y que se centra sobre todo en la doctrina del Tribunal de Justicia. Se atreve a sugerir cómo podría éste reformular los límites de su jurisdicción para adecuarla mejor a la manera en la que se administra hoy en la Unión Europea.
