LASARTE ÁLVAREZ, C. / YÁÑEZ VIVERO, F. / DONADO VARA, A.
PRÓLOGO
PARTE PRIMERA. DERECHO DE LA PERSONA
CAPÍTULO 1. DERECHO DE LA PERSONA: LA PERSONA
CAPÍTULO 2. LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD
CAPÍTULO 3. EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
CAPÍTULO 4. CAPACIDAD, DISCAPACIDAD Y CARGOS TUITIVOS
CAPÍTULO 5. LA AUSENCIA Y LA DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO
CAPÍTULO 6. LA NACIONALIDAD
CAPÍTULO 7. LA VECINDAD CIVIL Y EL DOMICILIO
CAPÍTULO 8. EL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO 9. LAS PERSONAS JURÍDICAS: ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
CAPÍTULO 10. LA REPRESENTACIÓN
PARTE SEGUNDA. CONTRATOS Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
CAPÍTULO 11. EL CONTRATO EN GENERAL
CAPÍTULO 12. LAS FIGURAS CONTRACTUALES TÍPICAS: LOS CONTRATOS DE FINALIDAD TRASLATIVA
CAPÍTULO 13. OTRAS FIGURAS CONTRACTUALES TÍPICAS
CAPÍTULO 14. LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO
CAPÍTULO 15. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO
CAPÍTULO 16. LA INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONTRATO
CAPÍTULO 17. LA INEFICACIA DEL CONTRATO
CAPÍTULO 18. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Edición revisada y actualizada conforme a las siguientes novedades jurisprudenciales: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 11 de junio de 2026, en un caso de internamiento forzoso de una embarazada para dar a luz a su hijo, acoge favorablemente el razonamiento del Tribunal Constitucional español (STC de 2 de junio de 2022), considerando que, pese a la ausencia de una previsión legal específica de internamiento obligatorio para el parto, el artículo 29 CC, entre otros preceptos, ofrece cobertura suficiente para justificar este internamiento. La STS 3ª 690/2026, de 3 de junio (del Pleno) ha reconocido legitimación para recurrir la concesión de la eutanasia, no solo al Ministerio Fiscal, sino también a personas que muestren un vínculo familiar y una proximidad afectiva estrecha entre el recurrente y el solicitante de la prestación, en cuanto que ostentan un interés legítimo propio especialmente cualificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que las autoridades nacionales deben reconocer el cambio registral de género efectuado en otro Estado miembro de la Unión Europea, pues lo contrario sería opuesto a la libre circulación de los ciudadanos europeos reconocido en el Derecho de la Unión...