Como señala el Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva con una alta capacidad de impacto en la economía y la sociedad, pero también los sistemas de inteligencia artificial pueden suponer riesgos sobre el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como por ejemplo los relativos a la discriminación y a la protección de datos personales. El incremento de la digitalización en las administraciones públicas, ya por el uso de dicha inteligencia artificial, con la administración automatizada, el empleo de medios robóticos o asistentes virtuales tiene un impacto sobre la lengua de relación (en una actuación formalizada o no) entre aquellas y la ciudadanía. El ordenamiento jurídico consagra una serie de derechos lingüísticos para los particulares en sus relaciones con la administración pública consagrados prima facie para un entorno no digital, pero que no deben verse mermados en un entorno digitalizado, bajo un principio de intangibilidad. Estas son las reflexiones que plantea este libro, en donde se encuentra un análisis riguroso de esta problemática.
