En esta obra se realiza un análisis de la positivización de los derechos humanos de los menores en el marco jurídico español y salvadoreño. Un enfoque que permite determinar los problemas que aquejan a los sistemas de protección de los derechos de los menores, con especial interés respecto a los menores migrantes no acompañados.
La principal contribución de este trabajo es determinar las fallas procedimentales y las lagunas legales que existen en materia de protección, tutela y representación del menor inmigrante no acompañado en cada procedimiento administrativo que les afecta, desde su llegada al país receptor.
La exposición de las garantías procedimentales, en forma de propuestas de lege ferenda recogida en esta obra, para la protección de los menores no acompañados desde su llegada a España y a El Salvador, tiene como objetivo subsanar los errores y lagunas encontrados, y orientar la interpretación de las garantías jurídicas existentes de forma que protejan al menor que llega de manera irregular atendiendo a la especificidad de su situación y al principio del interés superior del menor.
Las y los menores, y en concreto los menores inmigrantes no acompañados, someten al discurso de los derechos humanos y a los sistemas de protección de derechos, nacionales e internacionales, a una urgente revisión crítica, en la línea de avanzar y actualizar las viejas utopías sobre los derechos humanos y sus titulares.
La principal contribución de este trabajo es determinar las fallas procedimentales y las lagunas legales que existen en materia de protección, tutela y representación del menor inmigrante no acompañado en cada procedimiento administrativo que les afecta, desde su llegada al país receptor. En este sentido, merece una mención especial la importancia de la identificación del perfil del menor inmigrante no acompañado, y el valor de la innovadora y amplia categorización del colectivo heterogéneo de los menores no acompañados, que la autora incorpora en su obra. Una clasificación que permite a las autoridades migratorias, con competencias en control fronterizo, y al jurista práctico detectar las necesidades específicas de protección de cada menor identificado. Al tiempo que permite a las autoridades estatales, con competencias en materia de extranjería y protección de menores, aplicar el marco jurídico ajustado al grado de vulnerabilidad constatado.
