Año 1852. Un frío mes de diciembre. El Gobierno de Juan Bravo Murillo decide llevar a la práctica una revisión de la Constitución de 1845 sobre la base de acentuar la vertiente conservadora del liberalismo moderado, aquél que había logrado ensamblar un equilibrio político, a partir de una división de poderes construida en provecho del Gobierno, con un cierto rigor organizativo, no natural, en la estructura social, aunando la nueva y emergente burguesía con los restos de la nobleza que habían mostrado su adhesión al nuevo mundo liberal. Esta línea ideológica se había sustentado en una tríada dominante: la Religión Católica, impulsada por el Concordato del año 1851 debido al mismo Gabinete dirigido por el político extremeño, que inundaba todos los campos del espíritu, desde la educación hasta la opinión pública; la Monarquía como forma de Estado y forma de Gobierno consustancial a España y sin la cual la Nación no podía ser comprendida ni históricamente, ni en el presente; y las Cortes como cauce de participación de una Nación disminuida, de élites y capacidades, de variadas aristocracias, que aparecía como el contrapeso perfecto para evitar las derivas despóticas de los gobernantes (no tanto los reyes, sino más bien sus ministros, como la experiencia histórica había demostrado con creces), unas Cortes que se contemplaban más como órgano de asesoramiento y de consejo que de estricto control político hacia los monarcas y sus principales colaboradores.
